Cerramos el año con una estupenda noticia en pos de la profesionalización de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. Ya podéis deducir por el título de la entrada cuál es el contenido aproximado de la misma, así que os dejamos por aquí el enlace que os llevará a ella y además, la copiamos y pegamos por aquí para que no os escapéis de leerla y de disfrutarla:
EL PSOE PIDE EN EL CONGRESO QUE SE EXIJA UNA FORMACIÓN MÍNIMA A LOS TRADUCTORES QUE TRABAJAN PARA LA POLICÍA
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El PSOE considera necesario que se fijen unos requisitos mínimos
de formación para poder ejercer como traductor en aquellos servicios que
dependen del Ministerio del Interior, como la Policía, de manera que se
garantice una información correcta a todos los detenidos o denunciantes
que no hablen castellano.
Con este objetivo el Grupo Socialista ha registrado una
proposición no de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa
Press, y que el primer partido de la oposición someterá a debate cuando
lo considere oportuno.
En opinión del PSOE, la normativa española "no ha sido muy
cuidadosa" en las exigencias a las personas que prestan un servicio "tan
fundamental, tanto en el ámbito policial, como judicial". Según
explica, en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior existe
diversa normativa que se refiere al derecho a intérprete cuando no se
conozca la lengua, "pero nada se dice sobre los requisitos mínimos que
dichas personas deben reunir".
A modo de ejemplo, señalan que, según el Reglamento Penitenciario,
si un interno no entiende ninguno de los idiomas en los que está el
folleto en el que se detallan los derechos y deberes de los presos "se
les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o
internos que conozcan la lengua del interesado".
TIRAR DE PLANTILLA
A esto se añade que antes del inicio del verano la Dirección
General de la Policía, emitió una circular en la que comunicaba que no
se puede utilizar intérpretes para atender a las personas que formulan
denuncias en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, debiendo
emplear en estos casos, "de ser posible, los recursos de los que pueda
disponer la plantilla".
Los socialistas admiten que el Ministerio del Interior tiene en su
plantilla traductores profesionales, pero considera que éstos son
"claramente insuficientes" para garantizar a las personas el ejercicio
efectivo de sus derechos legalmente exigibles.
Por eso, pide que se establezcan unos requisitos mínimos de
formación para poder ejercer de traductor y/o intérprete en este ámbito,
que los aspirantes se sometan a unas pruebas para acreditar sus
conocimientos y que sólo en supuestos "excepcionales" (por el tipo de
lengua o la urgencia) "debidamente justificados" puedan actuar como
traductores personas que no hayan superado las pruebas.
CONVENIOS CON EMBAJADAS
Asimismo, plantean que para cubrir toda la demanda de intérpretes o
traductores se puedan suscribir convenios de cooperación con las
distintas representaciones diplomáticas, de manera que se puedan
recurrir a ellos cuando lo necesite algún ciudadano de su país.
Pero, en opinión del PSOE, el ministerio del Interior no es el
único que requiere de más traductores. Los socialistas destacan que el
Libro Blanco de la traducción e interpretación institucional constata
que los Ministerios de Exteriores y Cooperación y Defensa, los
servicios sanitarios públicos y la Administración de Justicia también
hay una gran demanda de estos profesionales.
En el ámbito de la Justicia, según la Ley Orgánica del Poder
Judicial, cualquier persona conocedora de la lengua empleada puede ser
habilitada como intérprete, bastando para ello que jure o prometa "que
va a desarrollar bien y fielmente su labor".
Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data del siglo XIX,
prevé que los intérpretes sean titulados pero, en el que caso de que no
haya poseedores de ese título "en el pueblo", se nombrará para esta
tarea a un "maestro del correspondiente idioma", y si tampoco le
hubiere, "cualquier persona que lo sepa".
"Pues bien, la administración rara vez controla los conocimientos
de las personas llamadas a actuar como intérpretes en sede judicial, ni
por supuesto en sede policial, como demuestran las innumerables
denuncias realizadas por los jueces y por los medios de comunicación,
que con su trabajo han sacado a la luz multitud de sucesos e incidentes
ocurridos en relación con este tema".
Por todo ello, el PSOE reclama, en otra proposición no de ley, que
se inste al Gobierno a transponer al ordenamiento español, a la mayor
brevedad posible y en todo caso antes de finalizar el próximo periodo de
sesiones, la Directiva europea relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales de los penados en los centros
penitenciarios, aprobada en 2010.
¿Qué os parece la noticia?
¿Hay algo presente en la misma que haya llamado especialmente vuestra atención?
¿Qué aspectos positivos y negativos encontráis en ella?
Animaos a escribir comentarios para debatir al respecto.
¡FELIZ 2013! Y no olvidéis pedir a los Reyes Magos más regalos como este ;)
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